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ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) –

La Guardia Civil ha intervenido en Altea (Alicante) 110 kilogramos de la especie de merluza ‘merluccius merluccius’ en una inspección llevada a cabo en el puerto pesquero de la localidad. Estos ejemplares “inmaduros”, escondidos entre el resto de la mercancía, no superaban los 16 centímetros, puesto que eran cuatro centímetros más pequeños del mínimo para su captura legal.

Por estos hechos, se ha remitido un expediente sancionador a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica contra la empresa infractora, ubicada en Alicante, la cual se enfrenta a una multa de hasta 60.000 euros, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La operación comenzó el pasado 21 de abril, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante, intervino en el puerto pesquero de Altea 110 kilogramos de pescado fresco. Los agentes comprobaron las irregularidades de las distintas legislaciones sobre pesca marítima, en relación a la captura, comercialización y transporte de los productos pesqueros incautados, que en este caso eran de la especie ‘merluccius merluccius’.

En concreto, los ejemplares inspeccionados habían sido capturados y comercializados por los presuntos infractores sin haber sido previamente presentados para una primera venta en la lonja, lo que habría permitido certificar su legítima trazabilidad.

No obstante, la empresa ocultó a estos ejemplares entre otros que sí cumplían con la legalidad para así intentar evitar el control policial.

Asimismo, los presuntos autores tenían la mercancía preparada y cargada en el camión que iba a trasladarla para su venta en la Comunidad de Madrid. En este caso, el precio medio por el que se pueden adquirir de forma ilegal este pescado ronda los tres euros, mientras que su precio medio en el mercado es de unos 12 euros.

Igualmente, el Seprona ha determinado que si los autores no hubiesen llevado a cabo esta pesca ilegal, la merluza habría alcanzado en poco tiempo su talla reglamentaria, y por lo tanto la edad reproductiva.

Por todo ello, se ha intervenido la mercancía y propuesto una sanción a la supuesta empresa infractora, la cual puede ascender hasta los 60.000 euros. Finalmente, por tratarse de un producto perecedero, el pescado ha sido donado a una entidad benéfica para su consumo una vez pasados los controles de calidad pertinentes.



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