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El Plan de Infraestructuras que el Ministerio del Interior ejecutará hasta 2025 prevé 45 actuaciones en inmuebles que la Policía Nacional tiene repartidos por 27 provincias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, concentrándose casi la mitad de la inversión en dos comunidades: Madrid y Andalucía. Los sindicatos llevan años demandando que se reformen algunas de las dependencias en las que se intervendrá debido a sus deficientes condiciones de conservación.

Hace dos años, meses después de la llegada de Grande-Marlaska al ministerio, el Consejo de Ministros aprobó una inversión de 600 millones de euros para la reforma y construcción de comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil, así como en otros edificios de la Secretaría de Estado de Seguridad -como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)- y de Instituciones Penitenciarias. Es el plan más ambicioso de las últimas décadas y viene a paliar el déficit inversor durante los años de la crisis.

En el caso del Cuerpo Nacional, la cantidad prevista inicialmente ascendía a 275 millones, sin que la dirección hubiera detallado hasta ahora cuáles son las actuaciones previstas en el septenio 2019-2025. Ni cuando se le ha requerido a través del Portal de la Transparencia -alegando que sólo maneja notas de «previsión de necesidades» cuya inclusión en los proyectos dependerá de «una variedad de factores coyunturales y estructurales»- ni en sede parlamentaria: el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo lo reclamó el pasado 1 de mayo y, ocho meses después de la fecha límite de contestación, el Gobierno sigue sin remitirle el informe.

Con 131,7 millones, las obras previstas en Madrid y Andalucía concentran casi la mitad de la inversión

El Independiente ha podido conocer el desglose de las actuaciones que la Dirección de la Policía Nacional maneja en este momento, cuando la ejecución del plan no ha llegado aún a su ecuador. La inversión ha subido hasta los 281.050.000 euros al programarse recientemente intervenciones tanto en Torrelavega (Cantabria) como en Calahorra (La Rioja), sin descartarse que puedan acordarse otras modificaciones en función de las necesidades que vayan surgiendo y de la disponibilidad presupuestaria que exista.

La Dirección General de la Policía tiene adscritos 674 inmuebles -el 19,95 % de los que integran el parque de infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- y se intervendrá en 45, lo que representa un 6,67 %. El mapa prevé actuaciones en las 17 comunidades y en las dos ciudades autónomas, encargándose de ello la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE). 

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Por volumen de inversión, Madrid -donde se ubican las unidades centrales- es la región que se verá más favorecida por este programa de infraestructuras en el ámbito de la Policía Nacional: 67 millones. En total, se actuará en 11 emplazamientos, destacando los 22 millones que se destinarán a mejorar las instalaciones que ocupa la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y la I UIP (complejo policial de Moratalaz).

Otros proyectos relevantes en esta comunidad son el nuevo complejo policial en la calle Francos Rodríguez (15 millones), las nuevas instalaciones para el área de Automoción (7,5 millones) y la rehabilitación de la Comisaría General de Policía Judicial (7 millones), estas dos últimas en Canillas.

Valencia: el proyecto más costoso

Con 12, Andalucía es la comunidad en la que está previsto que se acometan más actuaciones en este periodo, sumando 64,7 millones. El mayor desembolso se destinará a la rehabilitación del cuartel de Capuchinos (Málaga) como sede de la V UIP, presupuestado en 10 millones. Las nuevas comisarías locales de Marbella (9,5 millones) y El Puerto de Santa María (7,5 millones) y las provinciales de Jaén y Almería (7 cada una) son otros de los proyectos más destacados.

De ejecutarse el plan en los términos previstos en la actualidad, la mayor inversión se reserva para la rehabilitación integral de la comisaría del distrito de Ruzafa, en Valencia capital (Zapadores): 30 millones. Es una de las dos actuaciones previstas en la Comunidad Valenciana junto a los tres millones que se emplearán en la nueva comisaría local de Villarreal (Castellón).

El Plan de Infraestructuras 2019-2025 también incluye la Escuela Nacional de Ávila, donde se forman los alumnos que superan las oposiciones para ingresar en la escala básica del Cuerpo y se desarrollan los cursos para la promoción interna de los funcionarios. La reforma general de estas instalaciones castellano-leonesas costará no menos de 15 millones, según las estimaciones actuales.

Las actuaciones previstas en el plan alcanzan al 6,6% de todos los inmuebles que están adscritos a la Dirección General de la Policía

Éste fue uno de los proyectos a los que expresamente se refirió el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso el pasado 30 de diciembre para diseccionar las líneas generales que guiarán su actuación en los tres años que quedan de legislatura.

«Les diré que este año se han finalizado obras previstas en ese plan en la Escuela Nacional de Policía, la reforma de la galería de tiro y la rehabilitación del graderío de las pistas deportivas. Se han adecuado las instalaciones de la División de Cooperación Internacional en Pío XII, aquí en Madrid, y se ha hecho una inversión en la construcción de instalaciones en la Subdirección General de Logística e Innovación, que está relacionada con la inversión que se va a realizar en la Comisaría General de Policía Judicial, que va a tener que trasladarse a esta infraestructura que se acaba de construir. Se ha iniciado y continúa la construcción de la nueva comisaría local de Riveira, que finalizará a finales del año próximo y cuyas obras están ahora mismo en funcionamiento», detalló.

En el caso de Cataluña, las inversiones se destinarán a la rehabilitación general del complejo de Zona Franca (12 millones) y a la ejecución de obras de adecuación en la Jefatura Superior, ubicada en la barcelonesa Vía Laietana. Se trata de las céntricas dependencias que ERC quiere que se trasladen a otro emplazamiento, lo que llevó al citado grupo político a finales de 2019 a presentar una iniciativa en el Ayuntamiento de Barcelona que contó con el apoyo del PSC.

Asimismo, la nueva sede de la Jefatura Superior de Aragón será el destino de 14 millones, la de Ceuta requerirá 8,5 millones, y la rehabilitación y ampliación de la de Melilla se ha presupuestado en otros 4,5 millones.



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