– Noticias policiales –

Primero informar antes de multar. Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional están optando por no adoptar medidas punitivas en la población durante las primeras horas de entrada en vigor de la limitación de un máximo de seis personas en reuniones sociales. Aunque no hay datos de la Delegación del Gobierno (a través de la que se tramitan las denuncias) y la Dirección General de Salud Pública de la Junta (quien sanciona finalmente), este diario ha podido confirmar que no se han puesto multas ni en los grandes municipios de la región ni en los pequeños y medianos al menos en los dos o tres primeros dos días de vigencia de esa limitación. A partir de ahora se va a optar por la denuncia, sobre todo en lugares como Almendralejo, que pasa a estar confinado, o Mérida o Plasencia, a los que se han impuesto restricciones de aforo.

Eso está ocurriendo en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, los cuatro municipios más poblados de la región, pero también en Don Benito (el quinto), Almendralejo (sexto) y Villanueva de la Serena (séptimo). Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado «se están limitando a ofrecer información y pedagogía sobre la necesidad de respetar las normas y las consecuencias que puede conllevar su incumplimiento», se resume desde la Policía Local de Villanueva, informa Sol Gómez.

En todo caso, los policías locales y, en su caso, los guardias civiles en las zonas rurales siguen con su labor para impedir que no se cumplan con otras obligaciones como la de llevar mascarilla. En este caso, ayuntamientos como el de Mérida comunican semanalmente las propuestas de sanción que se imponen por no llevar mascarilla o beber en la calle.

De otra parte, esta mañana se celebra una reunión en la Delegación del Gobierno para coordinar dispositivos especiales de vigilancia que se van a poner de forma inmediata en la región y que llegarán como mínimo hasta dentro de diez días, hasta el puente de Todos los Santos.

Con ellos se pretende reforzar el control de los ciudadanos que incumplen con la normativa para reducir el impacto de la pandemia. La gravedad de la situación epidemiológica obliga a incrementar la vigilancia.



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